Claro que hubo caso ERE en Andalucía. “No hubo un gran plan pero hubo un gran fraude”, afirmó el expresidente andaluz José Antonio Griñán en abril de 2015 a las puertas del Supremo tras prestar declaración. Desde la Junta de Andalucía se repartieron durante una década 680 millones de euros a prejubilados andaluces. Algunos siguen cobrando aún a día de hoy pagados por un Gobierno del PP. Se repatieron con un sistema “ilegal”, según sentenció la Audiencia de Sevilla y ratificó el Tribunal Supremo. Se dispusieron fondos públicos “sin control” y de forma “discrecional y arbitraria”.
Nadie ha desmentido eso. Que se dieron ayudas con un post it como toda documentación, en bares de copas, a altas horas de la madrugada, entre gin tonics y rayas de coca. Con expedientes incompletos, con comisionistas que se llevaron parte del dinero, con un director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, que se situó como el principal encausado, cuyo chófer contó que regaban juergas de cocaína con dinero público, con problemas de adicciones… El retrato más sórdido de la trama no se ha podido borrar. Sigue ahí, convirtiendo la etapa de 2000 a 2009 en la Consejería de Empleo en una década oscura y vergonzante.
“Los cuatro golfos”
Nadie ha podido decir a día de hoy que eso es mentira. Que no ocurrió. Ni siquiera el PSOE, que se abonó a la teoría de “los cuatro golfos” para situar la responsabilidad en los escalones más bajo de esa Consejería de Empleo. Ni la Audiencia de Sevilla, ni el Supremo ni el Constitucional han desmontado que esa trama existió. Ningún político se llevó el dinero a su casa. No hubo cajas de billetes en los altillos ni cuentas bancarias en Suiza o Panamá, como hemos visto en otras tramas corruptas. Se permitió un sistema clientelar, en palabras del propio Guerrero, personaje pícaro que se mostraba seductor con la jueza Mercedes Alaya. “Un fondo de reptiles”, dijo ante la Guardia Civil, un dinero para apagar fuegos allí donde al PSOE le interesaba. Nadie puede estar orgulloso de que se haya manejado dinero público de los parados andaluces con esos boquetes y esa falta de rigor y controles.
Hecha la introducción. El Constitucional vuelve a situar la trama de los ERE en la Consejería de Empleo, el epicentro de esa corrupción chusca, que actuaba como si los fondos públicos fueran suyos. Sitúa el fraude en Empleo, la malversación en esa Consejería, de donde nunca, defienden los socialistas, debió salir. No se malversó dinero en la Consejería de Hacienda, donde se limitaban a mandar el Presupuesto al Parlamento, ni siquiera se prevaricó en este departamento. Eso dice el tribunal de garantías al admitir los recursos de amparo de Magdalena Álvarez y eso dirá, según se ha conocido, al pronunciarse sobre la sentencia de Carmen Martínez Aguayo el próximo día 2 de julio y, por tanto, al dictar sentencia sobre José Antonio Griñán el próximo 16 de julio. En Hacienda no se malversó ni se prevaricó. Eso ocurrió en Empleo, donde no se observaron los controles ni se vigiló, durante una década, el reparto de las ayudas.
La pieza política
¿Qué se sentenció en noviembre de 2019 en la Audiencia de Sevilla? Se juzgó la llamada pieza política de los ERE, que se refería al sistema con el que se repartieron esas ayudas, al diseño que se realizó para fijar una partida 31.L en el presupuesto andaluz que permitió fijar esas ayudas. Aparte de esa pieza había otras 146 en el mismo caso, por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) regados con fondos públicos, por empresas en crisis que se llevaron dinero público y que sumaron más de 500 imputados en nueve años de instrucción judicial. Hay abogados que dicen que hasta los responsables de Empleo podrían ser amparados por indefensión porque en la Audiencia se fue a la trama política y no se analizaron las ayudas.
Se condenó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en un juicio que sentó en el banquillo a 21 ex altos cargos. A Chaves por prevaricación, con una pena de nueve años de inhabilitación. A Griñán, con seis años y dos días de cárcel, porque sumaron a la prevaricación un delito de malversación de fondos públicos, acotada a su responsabilidad de consejero de Hacienda, entre 2004 y 2009.
Las penas más duras recayeron en los consejeros de Empleo, Antonio Fernández, José Antonio Viera, el exviceconsejero Agustín Barberá y el director general de Trabajo, Guerrero. Pero se castigó con la misma contundencia a los responsables de la Consejería de Hacienda o de la Consejería de Innovación, que era, a través de la Agencia Idea, la que actuaba como caja pagadora de los ERE. El exconsejero Francisco Vallejo está en la cárcel, como su viceconsejero, Jesús María Rodríguez, o el exdirector de IDEA, Miguel Ángel Serrano. Para todos se impuso cárcel.
La cúspide política
El Constitucional ha modulado. Ha fijado círculos de responsabilidad. Una cosa es Empleo, ha dicho, otra los que elaboraron los Presupuestos que aprobó el Parlamento. Los informes de la Intervención nunca alertaron de menoscabo de fondos públicos, no activaron el código rojo, pusieron reparos, dijeron que se veía salir humo por las ventanas pero ni llamaron a los bomberos ni dijeron que había un incendio. El Presupuesto, dice el Constitucional, era una ley legal, valga la redundancia, no estaban diseñados para dar cobijo al fraude. Si hubo fraude es porque las partidas se ejecutaron mal, sin controles, sin rigor, sin observar la ley. Griñán ha dicho en muchísimas ocasiones que “el Presupuesto no delinque”, “el crédito no delinque”.
La construcción del caso ERE se vio clara desde el principio. La jueza Mercedes Alaya redactó un auto en noviembre de 2011 señalando que los expresidentes estaban en la “cúspide” de “una estructura piramidal” que permitió un fraude de fondos públicos durante una década. Los fiscales Anticorrupción defendieron que las ayudas deberían haber estado sujetas a la ley de subvenciones, con fiscalización antes y después de haberlas otorgado. La instructora trazó que había existido un complot político, un fraude diseñado desde arriba, un sistema pensado para defraudar.
En el Supremo, el voto particular de dos magistradas aseguró que hablar de malversación en Hacienda era “un arriesgado salto al vacío”. “Una cosa es que se esté ante la concesión ilegal de distintas subvenciones y otra diferente que todas ellas fueran improcedentes”, redactaron, “no hay prueba de cargo mínimamente consistente”, “no hay pruebas sólidas sino meras especulaciones” para sostener que Hacienda sabía lo que estaba pasando en Empleo.
En esa tesis se sitúa el Constitucional. El caso ERE sí existió. La corrupción existió. Otra cosa es que Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo participaran de un complot para defraudar dinero público con intereses políticos. El fraude vuelve a Empleo, de donde nunca debió salir, dicen los socialistas. Magdalena Álvarez ha dicho que fue víctima de “una cacería”. Carmen Martínez Aguayo, una mujer de perfil técnico, discreto, con un currículum profesional alejado de cualquier complot político, ha pasado un año y medio en una cárcel. Griñán ha sufrido lo que nunca contará porque él no es muy de llorar en público. Ningún tribunal ha borrado un fraude. El Constitucional ha amparado a quienes se sintieron injustamente condenados. Con una mayoría de magistrados progresistas, es cierto, pero con argumentos jurídicos sólidos.