El número de presos encerrados en cárceles regidas por el ministerio del Interior se ha reducido de 49.474 a 47.791 entre 2019 y 2024, periodo de gestión de la actual administración penitenciara, pero su conflictividad no ha bajado, sino que ha aumentado: el ratio de agresiones a trabajadores de las prisiones para cada 1.000 internos ha pasado del 4,05 en 2019 al 10,63 este año.
Son datos de un informe sobre conflictividad penitenciaria dado a conocer este jueves por la central sindical Acaip-UGT. Este sindicato de funcionarios de prisiones cuenta 508 agresiones de presos a miembros de su colectivo, cuando en 2019 fueron 223.
El dato se multiplica cuando este informe contempla la conflictividad entre internos: de 4.753 incidentes contabilizados como agresión de preso a preso en 2019, se ha pasado a 5.122 en 2024. Todo ello, según las conclusiones de Acaip, mientras se producía un descenso de población reclusa del 3,41%.
Menos restricciones
Para el sindicato, es además significativo que este aumento en la cuantificación de hechos violentos se haya producido mientras se reducía el número de presos en primer grado penitenciario, el estado de vida más rígido en la prisión, que se impone a los cautivos más violentos o peligrosos, y al tiempo aumentaban los internos en tercer grado, el régimen más laxo, reservado para los que más han evolucionado en el tratamiento penitenciario.
Hoy las cárceles de la administración central albergan a 389 presos en primer grado, de los que 11 son mujeres. Hace cinco años, eran 794, cincuenta de ellos mujeres. El número de terceros grados ha pasado de 5.856 en 2019 a 6.839 en la actualidad, siempre según el recuento del sindicato.
La central hace público su informe dos meses y medio después del asesinato, el 13 de marzo de Nuria, cocinera de la prisión tarraconense de Mas d’Enric.
Pero este informe dirige sus críticas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cuyo titular es Ángel Luis Ortiz, y no a la Generalitat de Catalunya. “Es preocupante que las agresiones a los trabajadores penitenciarios han aumentado en más de un 127%. Además, vemos también un repunte de la violencia entre internos”, se quejan los autores del dosier.
El informe denuncia que “tenemos en módulos de régimen de vida ordinario a determinados presos que perturban y violentan la normal convivencia en los mismos, lo que deriva en tensiones que llevan a generar conflictos entre los internos y agresiones a los trabajadores que se ven obligados a intervenir”.
En opinión de la central sindical, el origen de este problema está en que “no se está llevando a cabo una clasificación interior que atienda a los parámetros marcados por nuestra legislación -dice el informe-. Se aplican procesos generales en lugar de tratar individualizadamente cada perfil”.
Sobornos en prisión
El informe se publica coinciendo en el tiempo con la detención del exdirector y el adminstrador del centro penitenciario de El Puerto de Santa María (Cádiz), en el maco de una investigación policial por el supuesto cobro de dinero a cambio de conceder beneficios penitenciarios a internos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado cauteloso este jueves a la hora de hablar de esta asunto, pidiendo que se deje avanzar a la investigación.
Marlaska ha señalado a Instituciones Penitenciarias como el organismo que denunció los hechos a la Guardia Civil “en cuanto tuvo conocimiento”. El titular de Interior ha anunciado el máximo rigor si se confirman los hechos: “Nuestra tolerancia con la corrupción es cero”.