El PP ajustará las comparecencias de la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado -ya ha registrado 58 nombres entre los que hay varios ministros, la presidenta del Congreso y el primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, Salvador Illa, titular de Sanidad durante la pandemia- al calendario político que está por venir con varias citas electorales clave encima de la mesa. Según ha podido saber este diario, entre los primeros comparecientes estarán José Luis Ábalos y el que fuera su asesor de toda confianza que da nombre a la trama, Koldo García. Pero otro de los nombres que Génova quiere encajar es precisamente el de Illa, para que irrumpa justo antes de las elecciones catalanas.
La dirección nacional del PP, que aprobó un listado inicial de comparecientes acompañado de la documentación, informes y expedientes en torno a la trama que también quieren analizar, estudia ya fechas concretas para algunos nombres, convencidos de que el momento que elijan para esas declaraciones en sede parlamentaria “puede influir mucho” en el escenario político y en el resultado de las propias comparecencias.
El caso de Illa, en cabeza en todas las encuestas de las elecciones del próximo 12 de mayo, es clave. Primero, insisten en Génova, porque era el ministro de Sanidad en el momento en el que se desarrollaron todos los contratos a cambio de comisiones, muchos de ellos con administraciones autonómicas socialistas y otros ministerios, y cuyo origen está en el de Transportes que entonces dirigía Ábalos. Para los populares es necesario que el líder del PSC “aclare” todo lo que sabía y también exigirán explicaciones concretas sobre los contratos que firmó su Ministerio.
El PP está convencido de que la trama Koldo, el primer gran caso de corrupción investigado en la etapa de Pedro Sánchez en el Gobierno, “hace mucho daño” a los socialistas, más incluso que algunos de sus pactos con los independentistas. Y consideran que la imagen de Illa “puede verse tocada” en las semanas previas a unas elecciones que aspira a ganar con cierta ventaja sobre ERC y Junts.
El caso del exministro de Sanidad lustra muy bien la estrategia trazada por los populares, que además aprovecharán su mayoría en el Senado para elegir cada fecha en el calendario. Primero, por la seguridad de que el caso se alargará durante meses y meses con los avances de las pesquisas. Ahora mismo en el PP esperan el volcado de los teléfonos móviles de los investigados, convencidos de que aportarán novedades que pueden salirse incluso de la trama de las mascarillas. En Génova sospechan que las ramificaciones del caso (desde Air Europa al de las maletas de Delcy Rodríguez, que tiene a personajes como Víctor de Aldama implicados en todas ellas) pueden crecer también. Y, por eso, aseguran que puede ser “el escándalo de la legislatura”.
Además, fuentes de la dirección cuentan con que Ábalos y Koldo García sean dos de las primeras personas que llamen a declarar. El PP busca trazar una línea de puntos sobre todo lo ocurrido desde el inicio hasta el final. Y entienden que “las piezas protagonistas” serán las primeras en mover. Tras ellas vendrá todo lo demás.
Irán paso a paso porque el otro objetivo siempre ha sido “estirar al máximo” el caso, trocear las distintas derivadas y que “nada quede sin respuesta”. “Es imposible preguntar correctamente o interrogar a según qué personas involucradas sin escuchar antes a los que originaron el caso”, explican en la cúpula conservadora.
La decisión sobre Sánchez y su mujer
Precisamente por todo esto, ni Pedro Sánchez ni su mujer figuran en el listado inicial. Pero podrían estarlo en el futuro. Alberto Núñez Feijóo quiere que el presidente del Gobierno “dé todas las explicaciones” sobre las relaciones de Begoña Gómez con las empresas que aparecen en el sumario del caso, que están siendo investigadas y sobre las informaciones periodísticas publicadas desde hace semanas. De hecho, el líder del PP insistió de nuevo ayer en que es Sánchez “quien puede librar” a su mujer de ir a la comisión en el Senado. “No quiero llamar a la mujer del presidente salvo que él me obligue”, aseguró en una entrevista en la cadena Cope el martes.
Llamar a Gómez, aseguran, sería “el último recurso”. Los populares, eso sí, pretenden estrechar el cerco sobre la esposa del presidente con la comparecencia de tres empresarios: Javier Hidalgo (el que fuera consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa); el comisionista Víctor de Aldama; y el empresario aragonés Carlos Barrabés Cónsul, que le habría presentado al propio Hidalgo y que, además, está vinculado al máster que ella dirigió en la Universidad Complutense.
Lo que entienden es que Sánchez sí tiene que dar cuentas ya sobre un posible conflicto de intereses, teniendo en cuenta que su mujer mantuvo reuniones y una relación profesional con una compañía que recibió un rescate público de más de 600 millones de euros, y también se vio con el comisionista de la trama que a su vez fue contratado por Air Europa para negociar ese rescate con el Ministerio de Transportes y también como mediador con las autoridades de Venezuela, según ‘El Confidencial’.
Por eso la insistencia de que el presidente comparezca a petición propia (tres veces se lo ha pedido el líder de la oposición en el Congreso). Y, por eso, aseguran en Génova, “si no lo hace, acabará siendo llamado”. Lo de Begoña Gómez se verá más adelante. Igual que la vía judicial, que el PP se lleva planteando semanas y a la que solo recurrirá si “hay agua en la piscina”. Eso es, en función de cómo avancen las investigaciones del caso. Los populares no quieren darle tanta importancia a las acciones judiciales porque consideran que el foco debe estar puesto en el posible conflicto de intereses (que la Oficina encargada de analizarlo, dependiente del propio Gobierno, lo ha desestimado) y en si Sánchez incumplió la ley por la que se rigen los altos cargos.